UNIDAD PSICOJURÍDICA. INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y DE LA SEGURIDAD (ICFS) DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)
La Unidad PsicoJurídica es un órgano interno del ICFS (UAM) cuya finalidad es potenciar el desarrollo científico-técnico de la Psicología Jurídica.
Esta Unidad está formada por profesionales, del mundo académico-investigador y del ámbito aplicado, con dilatada y reconocida trayectoria profesional en distintas áreas de la Psicología Jurídica[1].
Dentro de la Psicología Jurídica, la Psicología Forense o psicología aplicada a los tribunales ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años, tanto en su vertiente pública como privada, siendo un perfil profesional plenamente consolidado dentro del marco legal español. La labor fundamental de los psicólogos/as forenses es auxiliar a jueces y tribunales en su toma de decisiones.
Esta función, compleja y laboriosa, implica una enorme responsabilidad para estos profesionales, a los que se les exige aplicar la Psicología con los más altos estándares técnico-científicos y deontológicos.
Distintas normas legales como la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, La Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, La Ley Orgánica 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito o las recientemente promulgadas Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, recogen, cada una en su ámbito, la necesidad de que el asesoramiento a jueces y Tribunales se realice por profesionales especializados.
Sin embargo, la realidad es que, en el ámbito público, desde que las competencias en materia de justicia se trasfirieron a las distintas comunidades autónomas existe una enorme disparidad en la forma de acceso de los/las psicólogos/as forenses a sus puestos de trabajo. Incomprensiblemente, se tiende, en aquellas comunidades con competencias transferidas, a convocar estos puestos en ofertas de empleo público generales, y, por tanto, con temarios inespecíficos, que difícilmente permiten seleccionar a profesionales especializados en este ámbito. Además, no se valora la formación previa en Psicología Forense de los opositores, negando la existencia de una consolidada y rigurosa trayectoria formativa nacional e internacional en esta disciplina. Resulta inaudito que se siga dando la espalda a esta realidad científica y se facilite, por parte de la Administración Pública, que profesionales sin un currículo específico en el área aborden temáticas de tanta sensibilidad y responsabilidad.
Esta situación ha sido denunciada por distintas instituciones como el Defensor del Pueblo –acceso a la publicación– y su homólogo de la Comunidad Autónoma de Andalucía –acceso a la publicación-, o la Asociación Española de Abogados de Familia –acceso a la publicación-.
Un cambio en estas condiciones también ha sido demandado desde la profesión. Así, el Consejo General de la Psicología, junto a las distintas sociedades y asociaciones científicas y profesionales (Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense –SEPJF-, Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica-AIPJ- y Asociación de la Psicología Forense de la Administración de Justicia –APF-) ha solicitado al Congreso de los Diputados la creación de la especialidad en Psicología Forense –acceso a la publicación-.
En este contexto, la Comunidad Autónoma de Madrid, convocó el pasado jueves 11 de noviembre un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal para psicólogos, ofertando 59 plazas, de las cuales, la mayoría corresponden a puestos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esta Comunidad, es decir, de psicólogos/as forenses. De los 75 temas que componen el temario sólo 1 hace referencia genérica a la Psicología Jurídica y ninguno específicamente a la Psicología Forense, algo incomprensible teniendo en cuenta el objetivo principal de esta convocatoria y los profesionales a quienes se dirige y que a la vez sitúa en una situación muy desfavorecida. Por otro lado, la formación en el campo forense o la actividad académica-investigadora en el mismo apenas es tenida en cuenta en la valoración de méritos, y la experiencia profesional es valorada por igual en cualquier puesto de la Administración (lo mismo en recursos humanos que en forense).
Por ello, desde esta Unidad queremos trasmitir nuestra preocupación, porque se desoye por parte de la Administración competente, en este caso la Comunidad de Madrid, la necesidad de atender a la especificidad que supone el trabajo pericial psicológico, y su enorme repercusión en la vida de los/las usuarios/as de la Administración de Justicia. Preocupación que ya fue transmitida por el órgano colegial a los distintos grupos políticos de la Asamblea de Madrid en 2018 acceso a la publicación.
Un proceso selectivo en estos términos devalúa el servicio prestado por la Psicología Forense a los usuarios de la Administración de Justicia y desacredita la especialidad de Psicología Forense, su conocimiento científico acumulado y su desarrollo tecnológico.
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[1] Dr. D. Miguel Ángel Alcázar Córcoles (UAM), Dra. Dña. Mar Gómez Gutiérrez (UCM), Dr. D. José Luis González Álvarez (SES-Ministerio del Interior), Dra. Dña. Laura González Guerrero (IMLCF-Comunidad de Madrid), Dra. Dña. Lucia Halty Barrutieta (UPC), Dr. D. Juan José López Ossorio (SES-Ministerio del Interior), Dr. D. Antonio Manzanero Puebla (UCM), Dña. Inmaculada Montes Élices (ARRMI-Comunidad de Madrid), D. José Manuel Muñoz Vicente (IMLCF-Comunidad de Madrid), Dña. Laura Negredo López (IIPP-Ministerio del Interior), Dña. Mónica Pereira Davila (práctica privada), Dña. Chus Pérez Crespo (práctica privada), D. José Sánchez Isidoro (IIPP-Ministerio del Interior).
